Seguirán pidiendo la cédula azul, a pesar de la anulación dispuesta por el Gobierno nacional
Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Señaló que esto será así hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes.
Pese a que el Gobierno de Javier Milei decidió anular el 40% de los Registros del Automotor en el país, y -entre un largo listado de cosas- determinó que no será más necesaria la cédula azul, es decir, la que habilita a conducir a una persona que no es propietaria del vehículo, en Córdoba se seguirá exigiendo en los controles policiales.
Otra de las modificaciones es que se eliminará el vencimiento de las cédulas verdes, aquellas que se otorgan a los propietarios de los vehículos y que hasta ahora tenían una vigencia de dos años.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó este viernes que se mantienen los requerimientos de la Ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación en vehículos en todo el territorio nacional.
De acuerdo a lo manifestado por dicha entidad, se seguirá exigiendo la cédula azul hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo de 2024.
“De esta manera, durante los controles vehiculares que el organismo nacional realiza junto a las jurisdicciones locales se continuará solicitando a los conductores la documentación que requiere la Ley vigente a la fecha”, publicó la ANSV.
En tanto, Miguel Ángel Rizzotti, director de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba, indicó que “No hay nada aún, porque estos cambios no han bajado a las provincias".
El funcionario provincial dijo que "Hoy -por este viernes- exigimos todo, y entendemos que una cosa es lo que pida el Registro del Automotor y otra lo que van a pedir cada provincia en sus jurisdicciones”, explicó.
Qué exige en los controles vehiculares la Policía Caminera de Córdoba
La autoridad de aplicación debe ir en consonancia con la documentación que pide para circular que la ANSV. En tal sentido, la Policía Caminera indicó que, hasta nuevo aviso, se seguirán requiriendo a los conductores los siguientes documentos:
1-Documento Nacional de Identidad (DNI).
2-Licencia Nacional de Conducir.
3-Cédula verde y/o azul.
4-Comprobante de seguro vigente.
5-Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).
6-Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.
7-Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.
https://www.cba24n.com.ar/argentina/seg ... 72df389f64
El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Los Registros del Automotor denunciarán a quienes los llamen "corruptos"
"Con profunda tristeza hemos resuelto iniciar medidas judiciales". La carta completa de AAERPA.
https://ar.motor1.com/news/719214/los-r ... corruptos/
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) anunció que denunciará ante la Justicia a quienes los llamen "corruptos" y aseguró que demandará a quienes los están llevando a la "destrucción" e "implosión".
El comunicado de AAERPA lleva la firma de su presidente, Alejandro Germano, y de los responsables de las delegaciones de esa entidad en todo el país.
La intimación de los Registros del Automotor se produce en el contexto de un plan del Gobierno de Javier Milei que anunció el cierre de oficinas, el despido de empleados, la digitalización y simplificación de todos los trámites de patentamiento y transferencia de titulares de vehículos.
Al mismo tiempo, en el Congreso avanzan proyectos de Ley para eliminar por completo estas costosas trabas burocráticas para los propietarios de vehículos. El primero de los diez pasos para la simplificación del sistema consiste en el cierre inmediato de todos los registros que llevan más de dos años intervenidos por causas de corrupción. El próximo paso será cerrar también todos los otros que llevan intervenidos menos de 24 meses.
"Con profunda tristeza les informamos, que hemos resuelto iniciar medidas judiciales como remedio último al cuadro de situación en el que se encuentran sumergidos los registros seccionales", informó AAERPA.
"Resulta paradójico que un sistema registral, que supo ser virtuoso a lo largo de 60 años, sea destruido por la inacción o por el silencio de los propios actores del sistema. Funcionarios de línea del Ministerio de Justicia y sobre todo los funcionarios del organismo de aplicación, no han hecho ver a las autoridades políticas, el camino de implosión al que nos están llevando", agregó la entidad.
Y completó: "En medio de ello se desató una campaña de descrédito de la actividad impulsada por las autoridades. El hecho de llamar corrupto al sistema registral no hace más que deslegitimar el trabajo que día a día realizamos todos los actores de la actividad. Este desprecio por nuestra profesión termina impactando fuertemente en todos y cada uno de nosotros".
El comunicado de AAERPA se puede descargar completo acá abajo.
https://cdn.motor1.com/pdf-files/nota-j ... -2023-.pdf
"Con profunda tristeza hemos resuelto iniciar medidas judiciales". La carta completa de AAERPA.
https://ar.motor1.com/news/719214/los-r ... corruptos/
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) anunció que denunciará ante la Justicia a quienes los llamen "corruptos" y aseguró que demandará a quienes los están llevando a la "destrucción" e "implosión".
El comunicado de AAERPA lleva la firma de su presidente, Alejandro Germano, y de los responsables de las delegaciones de esa entidad en todo el país.
La intimación de los Registros del Automotor se produce en el contexto de un plan del Gobierno de Javier Milei que anunció el cierre de oficinas, el despido de empleados, la digitalización y simplificación de todos los trámites de patentamiento y transferencia de titulares de vehículos.
Al mismo tiempo, en el Congreso avanzan proyectos de Ley para eliminar por completo estas costosas trabas burocráticas para los propietarios de vehículos. El primero de los diez pasos para la simplificación del sistema consiste en el cierre inmediato de todos los registros que llevan más de dos años intervenidos por causas de corrupción. El próximo paso será cerrar también todos los otros que llevan intervenidos menos de 24 meses.
"Con profunda tristeza les informamos, que hemos resuelto iniciar medidas judiciales como remedio último al cuadro de situación en el que se encuentran sumergidos los registros seccionales", informó AAERPA.
"Resulta paradójico que un sistema registral, que supo ser virtuoso a lo largo de 60 años, sea destruido por la inacción o por el silencio de los propios actores del sistema. Funcionarios de línea del Ministerio de Justicia y sobre todo los funcionarios del organismo de aplicación, no han hecho ver a las autoridades políticas, el camino de implosión al que nos están llevando", agregó la entidad.
Y completó: "En medio de ello se desató una campaña de descrédito de la actividad impulsada por las autoridades. El hecho de llamar corrupto al sistema registral no hace más que deslegitimar el trabajo que día a día realizamos todos los actores de la actividad. Este desprecio por nuestra profesión termina impactando fuertemente en todos y cada uno de nosotros".
El comunicado de AAERPA se puede descargar completo acá abajo.
https://cdn.motor1.com/pdf-files/nota-j ... -2023-.pdf
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
https://www.infobae.com/sociedad/2024/0 ... -vehiculo/
El Gobierno oficializó este lunes la derogación de la cédula azul para la conducción de vehículos, argumentando que este documento “carece de sustento y aplicación prácticos”. Además, estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento.
El Gobierno oficializó este lunes la derogación de la cédula azul para la conducción de vehículos, argumentando que este documento “carece de sustento y aplicación prácticos”. Además, estableció que la Cédula Verde no tendrá fecha de vencimiento.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Opinión: "La tuya siempre está"
Un ex funcionario describió cómo Acara maneja los fondos que los dueños de autos pagan en el Registro Automotor. El texto de Nicolás Gadano en Revista Seúl.
https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
El Gobierno argentino le declaró ayer la guerra a Acara: la asociación de concesionarios, integrada por los dueños de los principales dealers de ventas de vehículos del país, quedó en la mira al ordenarse una investigación sobre los 100 millones de dólares anuales que manejan por operaciones dentro del Registro Automotor.
La noticia de ayer fue la decisión política del presidente Javier Milei de investigar esos fondos que controla un ente privado dentro de un organismo del Estado nacional. Sin embargo, la presencia de Acara dentro del Ministerio de Justicia es una situación conocida desde hace más de 40 años (ver nota de ayer). https://ar.motor1.com/news/721132/gobie ... tra-acara/
Por ese motivo, ayer se reflotó y circuló otra vez con intensidad por las redes sociales una nota de marzo de 2021. Fue escrita por Nicolás Gadano para la Revista Seúl. En el año 2000, Gadano se desempeñó durante el Gobierno del entonces presidente Fernando De La Rúa como subsecretario de Presupuesto de la Nación, dentro de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Allí se sorprendió por la presencia de personas que ocupaban oficinas y funciones dentro del Ministerio de Justicia, pero que no eran empleados estatales: sus sueldos los pagaba la asociación de concesionarios (Acara). Estas personas tenían control sobre los ingresos, compras de insumos, estadísticas y toda la operatoria diaria de los Registros del Automotor, donde se patentan y transfieren todos los vehículos que circulan por el país.
Dos décadas después de esa experiencia, Gadano rescató sus diarios de funcionario para preguntarse por la supervivencia de los llamados "Entes Cooperadores", "un esquema oscuro que hace medio siglo financia salarios por fuera del presupuesto".
Por este motivo, y con la noticia de ayer, Motor1 Argentina le pide permiso a la Revista Seúl y a Nicolás Gadano, para reproducir este texto de marzo de 2021: "La tuya siempre está".
Texto de Nicolás Gadano
Ilustración de Odeivo
Nota publicada originalmente en Revista Seúl (Marzo de 2021)
La primera vez que escuché hablar de los Entes Cooperadores fue en el año 2000, en la Secretaría de Hacienda. Tenía 33 años, era subsecretario de Presupuesto de la Nación, y dedicaba horas a explicarles a ministros y secretarios de Estado que la situación fiscal era crítica y que no había fondos disponibles para sus proyectos y planes. En una de esas reuniones, rodeado de mis colegas subsecretarios de Coordinación, me llamó la atención un chiste que le hicieron al representante del Ministerio de Justicia: “Vos sí que no tenés problemas –le dijeron–, a vos te paga ACARA”.
No entendí el chiste, no sabía qué era ACARA, pero me sorprendió la reacción del funcionario aludido. Nervioso, serio, se aseguró de cambiar de tema y cuando terminó la reunión saludó a todos con un “los dejo” casi inaudible, para irse apurado.
Esa misma tarde, Roberto Martirene, líder histórico de la Oficina Nacional de Presupuesto, me explicó con su habitual claridad el origen del comentario, que más que un chiste era una chicana. ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, era uno de los Entes Cooperadores que gestionaban un enorme esquema de financiamiento paralelo de gastos del Ministerio de Justicia. El esquema, montado sobre los Registros de la Propiedad, le permitía a Justicia contar con recursos adicionales por fuera del presupuesto. El funcionario que dejó apresurado aquella reunión en Hacienda cobraba todos los meses más que nosotros, sus colegas subsecretarios de Estado. A su salario oficial se le sumaba el plus que le pagaba ACARA.
El esquema, iniciado varias décadas atrás con el Colegio de Escribanos, funciona hasta hoy de la misma manera: al administrar los Registros de la Propiedad (inmuebles, automotores y otros), el Ministerio de Justicia regula los montos de los cargos y aranceles que los usuarios de esos registros pagan por los trámites que allí se realizan y, con la intermediación de los entes, es finalmente el beneficiario de parte de esos recursos.
Tomemos el mundo de los automóviles y los registros automotores. Todos quienes tuvimos alguna vez que comprar o vender un auto sufrimos los costos elevados de esos trámites. Los ingresos millonarios que allí se generan son tan importantes, que no solo financian al propio negocio de los registros privados diseminados por todo el país (con un reparto siempre sospechado de responder a favores personales, familiares o políticos), sino también a otro negocio, menos conocido, administrado por ACARA para el Ministerio de Justicia.
Con los fondos netos de los gastos de los registros, en el marco de “convenios de cooperación” firmados con el propio ministerio que los regula, ACARA gestiona un universo amplio de gastos por cuenta y orden de Justicia: sobresueldos para sus funcionarios y empleados, pasajes y viáticos, compra de insumos, hasta se ocupan de las obras de infraestructura para la construcción y remodelación de inmuebles.
¿Se trata de un esquema ilegal? No. Varias leyes vigentes le dan respaldo. El decreto-ley de Onganía 17.050 de 1966 había facultado a la entonces Secretaría de Estado de Justicia a firmar un convenio de cooperación técnica y financiera entre el Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio de Escribanos. El convenio puso a funcionar todo lo que vino después: el Colegio de Escribanos prestaba su “cooperación técnica y financiera” a Justicia, utilizando los recursos que los usuarios pagaban por los trámites en el Registro. En 1985/86, ya en democracia, el esquema se extendió al Registro de la Propiedad Automotor con la aprobación de las leyes 23.283 y 23.412, siempre en el ámbito de la Secretaría de Justicia. La ley definió de manera detallada todos los gastos que, en favor de la Secretaría de Justicia, podía hacer el Ente Cooperador en el marco de los convenios: compra y alquiler de muebles e inmuebles; locación de obras y servicios; seguros; contratación de personal; “incentivos” para el personal estatal; gastos de viajes y viáticos. Un sistema presupuestario paralelo para todos los gastos habituales de un ministerio.
¿Y la Ley de Administración Financiera Pública? ¿Y las normas de Transparencia y Ética Pública? ¿Cómo era posible que al margen del presupuesto aprobado en el Congreso, por fuera de la cuenta única del Tesoro, sin supervisión de la Secretaría de Hacienda y los organismos de control del Estado, y con montos anuales que nadie conocía, el Ministerio de Justicia contara con una gran cantidad de fondos adicionales administrados por entidades tan insólitas como el Colegio de Escribanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores?
El primer intento
En marzo de 2001, Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía y Daniel Artana fue designado Secretario de Hacienda. Conocía a Daniel por mi experiencia como asistente en la fundación FIEL, y me quedé a acompañarlo en la Subsecretaría. Fueron solo dos semanas en las que trabajamos exclusivamente en el armado técnico de un fuerte recorte fiscal, que apuntaba a equilibrar el presupuesto y evitar el colapso que se produjo algunos meses después.
La historia de ACARA y los gastos paralelos en Justicia me había quedado dando vueltas en la cabeza y un ajuste fiscal de semejante magnitud era una oportunidad única para cambiar el sistema e incorporar esos fondos a las cuentas presupuestarias. Entretanto, el esquema de los Entes Cooperadores crecía: en esos días supimos que funcionaba también en el Ministerio de Defensa, a través del Registro Nacional de Armas.
Teníamos información imprecisa y poco tiempo, pero logramos incluir en el decreto de necesidad y urgencia de López Murphy un artículo que establecía la prohibición expresa de utilizar los recursos de los Entes Cooperadores para pagar salarios, sumas adicionales y cualquier otro gasto de los ministerios. “El monto resultante de lo dispuesto en el presente artículo deberá ser ingresado en el Tesoro Nacional”, agregaba. El objetivo no era solamente cortar los sobresueldos y otros gastos, sino que el Tesoro se apropiara de esos fondos para contribuir a la reducción del déficit fiscal.
El DNU de López Murphy se elevó a la firma del presidente y sus ministros en la tarde del viernes 16 de marzo, pero nunca llegó a promulgarse. Reviso mis archivos y encuentro el borrador de un diario personal que escribí en esos días de gestión con la Alianza.
Esta es la entrada del viernes 16:
"López Murphy empezó a hablar a eso de las 8 de la noche. Unos minutos antes, después de la reunión con periodistas, las medidas ya estaban en Reuters. Mientras hablaba el ministro, se desató una tormenta de lluvia furibunda. Desde mi despacho llamé a Pablo Gerchunoff. 'Ha tronado el escarmiento', me dijo, y quedamos en hablar después porque estaba mirando a López Murphy por la tele. Yo tenía el discurso sobre mi escritorio. 'El Gobierno no fue lo suficientemente enérgico para mantener el rumbo fiscal…', decía Ricardo. Me dio bronca; tendríamos que haber sido mucho más duros en los recortes en el Ministerio de Defensa, pensé. Me preparé para volver a casa, ya no había mucho que hacer en Hacienda. Cuando me iba hacia la cochera, llamaron de la Privada del ministro: había un problema formal con el DNU y me pedían que esperara a la gente de Legal y Técnica que se iba a cruzar a Economía para explicármelo. No podía parar de putear. ¿Un problema con el decreto? ¿Será que estos tipos van a joder con el tipo de letra y los márgenes en el medio de este quilombo? Volví a la oficina y por las dudas le pedí a la gente de Presupuesto que no se fueran, por si había que volver a imprimir el DNU".
"Mientras esperaba, me enteré de que varios ministros se negaban a firmar el decreto y presentaban su renuncia. Estábamos en una crisis política. A eso de las 10 de la noche llegó el Secretario Legal y Técnico con un par de colaboradores. Los recibimos con el Secretario de Coordinación de Economía. Tenían en sus manos el original del DNU –pude ver mis iniciales debajo a la izquierda– firmado por López Murphy y algunos ministros más: Lombardo, Colombo y Rodríguez Giavarini. 'Hay que hacerlo de nuevo, tiene dos cosas que hay que cambiar', dijeron. La primera era una pavada formal muy menor; lo importante estaba en la segunda: pretendían que anuláramos el artículo de los Entes Cooperadores. Ahí supe que el Secretario Legal y Técnico cobraba tres lucas por encima de su sueldo y que por ese plus no pagaba Ganancias. Argumentó que todos en Legal y Técnica cobraban y que sin ese estímulo la gente se iba a enojar y se les iba a trabar todo. 'En Legal y Técnica laburamos mucho, hasta cualquier hora', me dijo. 'Todos trabajamos mucho –le contesté con un nivel de calentura atroz–. Si quieren cobrar un suplemento, organicen algo bien hecho, no este mamarracho'. No los convencí, ni ellos a mí. Dejaron el DNU sobre la mesa y se fueron a Presidencia. Volví a mi oficina, guardé el DNU en el cajón con llave y me fui a casa".
El segundo intento
En 2018 volví al Ministerio de Economía, esta vez como jefe de Gabinete de Asesores. El esquema de los Entes Cooperadores no solo había sobrevivido a los intentos de Hacienda por desarmarlo, sino que se había consolidado y expandido. Supe que en Justicia ya no había solamente sobresueldos, sino también empleados "Full ACARA", es decir, trabajadores que se desempeñaban en las oficinas gubernamentales como tantos otros, pero no figuraban en las estadísticas de empleo público. Todo su salario era pagado por su empleador: la Asociación de Concesionarios de Automotores.
También descubrí que el largo brazo de los convenios con Entes Cooperadores se había extendido a otras áreas de la administración nacional. En un mundo estatal plagado de regulaciones y restricciones, la tentación de utilizar un esquema alternativo y sencillo para comprar y contratar siempre ha sido poderosa. Ocurrió con las universidades –verdaderas agencias de contratación encubiertas para el Estado– y con los programas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. Pero en ambos casos se trataba de fondos presupuestarios, de magnitud conocida, sujetos al control y las regulaciones generales del Estado. Nunca vi algo paralelo y tan oculto como el esquema de los Entes Cooperadores.
Aunque Martirene ya no estaba en Hacienda (lamentablemente falleció en 2014), la idea de racionalizar el esquema de los Entes Cooperadores seguía presente. Con menos urgencia y más información, decidimos avanzar primero en un blanqueo general del sistema, a través de la incorporación completa y transparente de los recursos y gastos de las jurisdicciones involucradas a las cuentas presupuestarias. Después, en ocasión del tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto, se resolvería qué gastos mantener y cuáles eliminar o reasignar.
Pese a este enfoque gradualista, las reuniones de trabajo con los funcionarios del Ministerio de Justicia provocaron la inmediata reacción defensiva de las corporaciones amenazadas. El Colegio de Escribanos, ACARA y los sindicatos de empleados estatales empezaron a mostrar los dientes, rechazando cualquier cambio al sistema de Entes Cooperadores. Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo.
Es ahora
Ahora ya estamos en 2021 y, aunque no cuento con información detallada, tiendo a pensar que el sistema de Entes Cooperadores es cada vez más grande, tanto en los fondos involucrados como en las jurisdicciones alcanzadas. Miles de millones de pesos de un Estado paralelo, sin control. Alguien me comenta que el esquema ha llegado al Ministerio de Seguridad y a un lugar impensado: la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con los documentos públicos del Presupuesto 2021, en la Oficina Anticorrupción trabajan solo 54 personas y cuenta con un presupuesto anual para todos sus gastos de $90 millones, apenas $7,5 millones por mes. ¿Es posible que la OA afronte todos sus gastos con 75.000 dólares mensuales? ¿O es la punta de un iceberg más grande, y en forma oculta y paralela a ese austero presupuesto público están ACARA y otros Entes Cooperadores financiando por debajo de la superficie más empleados, consultorías, gastos corrientes y sobresueldos?
Abro la página web de la Oficina Anticorrupción para buscar información y me encuentro con esta leyenda: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.
Lo de la Oficina Anticorrupción financiada por ACARA debe ser un rumor infundado. Una agencia gubernamental con esta misión no podría convivir con un esquema de financiamiento de sus gastos tan opaco e irregular como el de los Entes Cooperadores.
En cualquier caso, más allá del detalle de su alcance, es inaceptable que en tiempos en los que la sociedad reclama cada vez más transparencia en el accionar del Estado, sobreviva un mecanismo con estas características. Dado su objetivo de fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la administración pública, la Oficina Anticorrupción debería liderar, junto a la Secretaría de Hacienda, el proceso para que en el próximo Presupuesto, el de 2022, el esquema de los Entes Cooperadores se discuta integralmente en el Congreso.
Allí se podrá evaluar si los costos de los registros pueden reducirse en beneficio de la población, revisar todos los ingresos y gastos, e incorporarlos de forma clara y transparente al presupuesto nacional. De esa forma no solo estaremos cumpliendo con las reglas básicas de la administración financiera del Estado, sino que nos sacaremos de encima a estos sorprendentes intermediarios que no fueron creados para gestionar recursos públicos.
N.G.
Un ex funcionario describió cómo Acara maneja los fondos que los dueños de autos pagan en el Registro Automotor. El texto de Nicolás Gadano en Revista Seúl.
https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
El Gobierno argentino le declaró ayer la guerra a Acara: la asociación de concesionarios, integrada por los dueños de los principales dealers de ventas de vehículos del país, quedó en la mira al ordenarse una investigación sobre los 100 millones de dólares anuales que manejan por operaciones dentro del Registro Automotor.
La noticia de ayer fue la decisión política del presidente Javier Milei de investigar esos fondos que controla un ente privado dentro de un organismo del Estado nacional. Sin embargo, la presencia de Acara dentro del Ministerio de Justicia es una situación conocida desde hace más de 40 años (ver nota de ayer). https://ar.motor1.com/news/721132/gobie ... tra-acara/
Por ese motivo, ayer se reflotó y circuló otra vez con intensidad por las redes sociales una nota de marzo de 2021. Fue escrita por Nicolás Gadano para la Revista Seúl. En el año 2000, Gadano se desempeñó durante el Gobierno del entonces presidente Fernando De La Rúa como subsecretario de Presupuesto de la Nación, dentro de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Allí se sorprendió por la presencia de personas que ocupaban oficinas y funciones dentro del Ministerio de Justicia, pero que no eran empleados estatales: sus sueldos los pagaba la asociación de concesionarios (Acara). Estas personas tenían control sobre los ingresos, compras de insumos, estadísticas y toda la operatoria diaria de los Registros del Automotor, donde se patentan y transfieren todos los vehículos que circulan por el país.
Dos décadas después de esa experiencia, Gadano rescató sus diarios de funcionario para preguntarse por la supervivencia de los llamados "Entes Cooperadores", "un esquema oscuro que hace medio siglo financia salarios por fuera del presupuesto".
Por este motivo, y con la noticia de ayer, Motor1 Argentina le pide permiso a la Revista Seúl y a Nicolás Gadano, para reproducir este texto de marzo de 2021: "La tuya siempre está".
Texto de Nicolás Gadano
Ilustración de Odeivo
Nota publicada originalmente en Revista Seúl (Marzo de 2021)
La primera vez que escuché hablar de los Entes Cooperadores fue en el año 2000, en la Secretaría de Hacienda. Tenía 33 años, era subsecretario de Presupuesto de la Nación, y dedicaba horas a explicarles a ministros y secretarios de Estado que la situación fiscal era crítica y que no había fondos disponibles para sus proyectos y planes. En una de esas reuniones, rodeado de mis colegas subsecretarios de Coordinación, me llamó la atención un chiste que le hicieron al representante del Ministerio de Justicia: “Vos sí que no tenés problemas –le dijeron–, a vos te paga ACARA”.
No entendí el chiste, no sabía qué era ACARA, pero me sorprendió la reacción del funcionario aludido. Nervioso, serio, se aseguró de cambiar de tema y cuando terminó la reunión saludó a todos con un “los dejo” casi inaudible, para irse apurado.
Esa misma tarde, Roberto Martirene, líder histórico de la Oficina Nacional de Presupuesto, me explicó con su habitual claridad el origen del comentario, que más que un chiste era una chicana. ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, era uno de los Entes Cooperadores que gestionaban un enorme esquema de financiamiento paralelo de gastos del Ministerio de Justicia. El esquema, montado sobre los Registros de la Propiedad, le permitía a Justicia contar con recursos adicionales por fuera del presupuesto. El funcionario que dejó apresurado aquella reunión en Hacienda cobraba todos los meses más que nosotros, sus colegas subsecretarios de Estado. A su salario oficial se le sumaba el plus que le pagaba ACARA.
El esquema, iniciado varias décadas atrás con el Colegio de Escribanos, funciona hasta hoy de la misma manera: al administrar los Registros de la Propiedad (inmuebles, automotores y otros), el Ministerio de Justicia regula los montos de los cargos y aranceles que los usuarios de esos registros pagan por los trámites que allí se realizan y, con la intermediación de los entes, es finalmente el beneficiario de parte de esos recursos.
Tomemos el mundo de los automóviles y los registros automotores. Todos quienes tuvimos alguna vez que comprar o vender un auto sufrimos los costos elevados de esos trámites. Los ingresos millonarios que allí se generan son tan importantes, que no solo financian al propio negocio de los registros privados diseminados por todo el país (con un reparto siempre sospechado de responder a favores personales, familiares o políticos), sino también a otro negocio, menos conocido, administrado por ACARA para el Ministerio de Justicia.
Con los fondos netos de los gastos de los registros, en el marco de “convenios de cooperación” firmados con el propio ministerio que los regula, ACARA gestiona un universo amplio de gastos por cuenta y orden de Justicia: sobresueldos para sus funcionarios y empleados, pasajes y viáticos, compra de insumos, hasta se ocupan de las obras de infraestructura para la construcción y remodelación de inmuebles.
¿Se trata de un esquema ilegal? No. Varias leyes vigentes le dan respaldo. El decreto-ley de Onganía 17.050 de 1966 había facultado a la entonces Secretaría de Estado de Justicia a firmar un convenio de cooperación técnica y financiera entre el Registro de la Propiedad Inmueble y el Colegio de Escribanos. El convenio puso a funcionar todo lo que vino después: el Colegio de Escribanos prestaba su “cooperación técnica y financiera” a Justicia, utilizando los recursos que los usuarios pagaban por los trámites en el Registro. En 1985/86, ya en democracia, el esquema se extendió al Registro de la Propiedad Automotor con la aprobación de las leyes 23.283 y 23.412, siempre en el ámbito de la Secretaría de Justicia. La ley definió de manera detallada todos los gastos que, en favor de la Secretaría de Justicia, podía hacer el Ente Cooperador en el marco de los convenios: compra y alquiler de muebles e inmuebles; locación de obras y servicios; seguros; contratación de personal; “incentivos” para el personal estatal; gastos de viajes y viáticos. Un sistema presupuestario paralelo para todos los gastos habituales de un ministerio.
¿Y la Ley de Administración Financiera Pública? ¿Y las normas de Transparencia y Ética Pública? ¿Cómo era posible que al margen del presupuesto aprobado en el Congreso, por fuera de la cuenta única del Tesoro, sin supervisión de la Secretaría de Hacienda y los organismos de control del Estado, y con montos anuales que nadie conocía, el Ministerio de Justicia contara con una gran cantidad de fondos adicionales administrados por entidades tan insólitas como el Colegio de Escribanos y la Asociación de Concesionarios de Automotores?
El primer intento
En marzo de 2001, Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía y Daniel Artana fue designado Secretario de Hacienda. Conocía a Daniel por mi experiencia como asistente en la fundación FIEL, y me quedé a acompañarlo en la Subsecretaría. Fueron solo dos semanas en las que trabajamos exclusivamente en el armado técnico de un fuerte recorte fiscal, que apuntaba a equilibrar el presupuesto y evitar el colapso que se produjo algunos meses después.
La historia de ACARA y los gastos paralelos en Justicia me había quedado dando vueltas en la cabeza y un ajuste fiscal de semejante magnitud era una oportunidad única para cambiar el sistema e incorporar esos fondos a las cuentas presupuestarias. Entretanto, el esquema de los Entes Cooperadores crecía: en esos días supimos que funcionaba también en el Ministerio de Defensa, a través del Registro Nacional de Armas.
Teníamos información imprecisa y poco tiempo, pero logramos incluir en el decreto de necesidad y urgencia de López Murphy un artículo que establecía la prohibición expresa de utilizar los recursos de los Entes Cooperadores para pagar salarios, sumas adicionales y cualquier otro gasto de los ministerios. “El monto resultante de lo dispuesto en el presente artículo deberá ser ingresado en el Tesoro Nacional”, agregaba. El objetivo no era solamente cortar los sobresueldos y otros gastos, sino que el Tesoro se apropiara de esos fondos para contribuir a la reducción del déficit fiscal.
El DNU de López Murphy se elevó a la firma del presidente y sus ministros en la tarde del viernes 16 de marzo, pero nunca llegó a promulgarse. Reviso mis archivos y encuentro el borrador de un diario personal que escribí en esos días de gestión con la Alianza.
Esta es la entrada del viernes 16:
"López Murphy empezó a hablar a eso de las 8 de la noche. Unos minutos antes, después de la reunión con periodistas, las medidas ya estaban en Reuters. Mientras hablaba el ministro, se desató una tormenta de lluvia furibunda. Desde mi despacho llamé a Pablo Gerchunoff. 'Ha tronado el escarmiento', me dijo, y quedamos en hablar después porque estaba mirando a López Murphy por la tele. Yo tenía el discurso sobre mi escritorio. 'El Gobierno no fue lo suficientemente enérgico para mantener el rumbo fiscal…', decía Ricardo. Me dio bronca; tendríamos que haber sido mucho más duros en los recortes en el Ministerio de Defensa, pensé. Me preparé para volver a casa, ya no había mucho que hacer en Hacienda. Cuando me iba hacia la cochera, llamaron de la Privada del ministro: había un problema formal con el DNU y me pedían que esperara a la gente de Legal y Técnica que se iba a cruzar a Economía para explicármelo. No podía parar de putear. ¿Un problema con el decreto? ¿Será que estos tipos van a joder con el tipo de letra y los márgenes en el medio de este quilombo? Volví a la oficina y por las dudas le pedí a la gente de Presupuesto que no se fueran, por si había que volver a imprimir el DNU".
"Mientras esperaba, me enteré de que varios ministros se negaban a firmar el decreto y presentaban su renuncia. Estábamos en una crisis política. A eso de las 10 de la noche llegó el Secretario Legal y Técnico con un par de colaboradores. Los recibimos con el Secretario de Coordinación de Economía. Tenían en sus manos el original del DNU –pude ver mis iniciales debajo a la izquierda– firmado por López Murphy y algunos ministros más: Lombardo, Colombo y Rodríguez Giavarini. 'Hay que hacerlo de nuevo, tiene dos cosas que hay que cambiar', dijeron. La primera era una pavada formal muy menor; lo importante estaba en la segunda: pretendían que anuláramos el artículo de los Entes Cooperadores. Ahí supe que el Secretario Legal y Técnico cobraba tres lucas por encima de su sueldo y que por ese plus no pagaba Ganancias. Argumentó que todos en Legal y Técnica cobraban y que sin ese estímulo la gente se iba a enojar y se les iba a trabar todo. 'En Legal y Técnica laburamos mucho, hasta cualquier hora', me dijo. 'Todos trabajamos mucho –le contesté con un nivel de calentura atroz–. Si quieren cobrar un suplemento, organicen algo bien hecho, no este mamarracho'. No los convencí, ni ellos a mí. Dejaron el DNU sobre la mesa y se fueron a Presidencia. Volví a mi oficina, guardé el DNU en el cajón con llave y me fui a casa".
El segundo intento
En 2018 volví al Ministerio de Economía, esta vez como jefe de Gabinete de Asesores. El esquema de los Entes Cooperadores no solo había sobrevivido a los intentos de Hacienda por desarmarlo, sino que se había consolidado y expandido. Supe que en Justicia ya no había solamente sobresueldos, sino también empleados "Full ACARA", es decir, trabajadores que se desempeñaban en las oficinas gubernamentales como tantos otros, pero no figuraban en las estadísticas de empleo público. Todo su salario era pagado por su empleador: la Asociación de Concesionarios de Automotores.
También descubrí que el largo brazo de los convenios con Entes Cooperadores se había extendido a otras áreas de la administración nacional. En un mundo estatal plagado de regulaciones y restricciones, la tentación de utilizar un esquema alternativo y sencillo para comprar y contratar siempre ha sido poderosa. Ocurrió con las universidades –verdaderas agencias de contratación encubiertas para el Estado– y con los programas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. Pero en ambos casos se trataba de fondos presupuestarios, de magnitud conocida, sujetos al control y las regulaciones generales del Estado. Nunca vi algo paralelo y tan oculto como el esquema de los Entes Cooperadores.
Aunque Martirene ya no estaba en Hacienda (lamentablemente falleció en 2014), la idea de racionalizar el esquema de los Entes Cooperadores seguía presente. Con menos urgencia y más información, decidimos avanzar primero en un blanqueo general del sistema, a través de la incorporación completa y transparente de los recursos y gastos de las jurisdicciones involucradas a las cuentas presupuestarias. Después, en ocasión del tratamiento parlamentario de la Ley de Presupuesto, se resolvería qué gastos mantener y cuáles eliminar o reasignar.
Pese a este enfoque gradualista, las reuniones de trabajo con los funcionarios del Ministerio de Justicia provocaron la inmediata reacción defensiva de las corporaciones amenazadas. El Colegio de Escribanos, ACARA y los sindicatos de empleados estatales empezaron a mostrar los dientes, rechazando cualquier cambio al sistema de Entes Cooperadores. Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo.
Es ahora
Ahora ya estamos en 2021 y, aunque no cuento con información detallada, tiendo a pensar que el sistema de Entes Cooperadores es cada vez más grande, tanto en los fondos involucrados como en las jurisdicciones alcanzadas. Miles de millones de pesos de un Estado paralelo, sin control. Alguien me comenta que el esquema ha llegado al Ministerio de Seguridad y a un lugar impensado: la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con los documentos públicos del Presupuesto 2021, en la Oficina Anticorrupción trabajan solo 54 personas y cuenta con un presupuesto anual para todos sus gastos de $90 millones, apenas $7,5 millones por mes. ¿Es posible que la OA afronte todos sus gastos con 75.000 dólares mensuales? ¿O es la punta de un iceberg más grande, y en forma oculta y paralela a ese austero presupuesto público están ACARA y otros Entes Cooperadores financiando por debajo de la superficie más empleados, consultorías, gastos corrientes y sobresueldos?
Abro la página web de la Oficina Anticorrupción para buscar información y me encuentro con esta leyenda: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.
Lo de la Oficina Anticorrupción financiada por ACARA debe ser un rumor infundado. Una agencia gubernamental con esta misión no podría convivir con un esquema de financiamiento de sus gastos tan opaco e irregular como el de los Entes Cooperadores.
En cualquier caso, más allá del detalle de su alcance, es inaceptable que en tiempos en los que la sociedad reclama cada vez más transparencia en el accionar del Estado, sobreviva un mecanismo con estas características. Dado su objetivo de fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la administración pública, la Oficina Anticorrupción debería liderar, junto a la Secretaría de Hacienda, el proceso para que en el próximo Presupuesto, el de 2022, el esquema de los Entes Cooperadores se discuta integralmente en el Congreso.
Allí se podrá evaluar si los costos de los registros pueden reducirse en beneficio de la población, revisar todos los ingresos y gastos, e incorporarlos de forma clara y transparente al presupuesto nacional. De esa forma no solo estaremos cumpliendo con las reglas básicas de la administración financiera del Estado, sino que nos sacaremos de encima a estos sorprendentes intermediarios que no fueron creados para gestionar recursos públicos.
N.G.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Qué cambia para comprar y vender autos tras el cierre de 136 registros automotores
El Gobierno avanza en su plan de digitalización total de los trámites.
12 de julio 2024, 12:15hs
El Gobierno de la Nación suprimió más de 130 registros automotores de distintas provincias del país. Lo hizo a través del Ministerio de Justicia, en una Resolución (209/2024) publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.
https://tn.com.ar/autos/novedades/2024/ ... tomotores/
En mayo, las autoridades habían anticipado que cerrarían cerca del 40 por ciento de los registros automotores, a fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, luego de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
En aquel entonces, el Ministerio de Justicia informó que habría una reducción del 30 por ciento del personal del Registro Automotor y cambios importantes para conductores, como la eliminación de la cédula azul (que ya entró en vigencia).
En una segunda instancia, de acuerdo a lo anticipado oficialmente, “se revisará el contrato general de administración de los Registros Automotor, se acelerará la digitalización y transformación del proceso, y se bajarán fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
Qué cambia para comprar y vender autos
Por el momento, la operatoria para comprar y vender autos en la Argentina sigue sin modificaciones, ya que la actividad de los registros que cerraron se distribuyeron entre otros registros. Es decir, en vez de dirigirse a una dependencia para realizar un trámite, quienes tenían registrado un auto en alguno de los registros suprimidos deberán ir a otra.
Quiénes se harán cargo de sus tareas
La Resolución 209/2024 aclara que “la competencia y las tareas de los Registros Seccionales suprimidos por aplicación del artículo 1° serán asumidas por los Registros Seccionales que constan en el Anexo II”, que se puede ver a continuación.
Un freno a la apertura de nuevos registros
Al mismo tiempo, el Gobierno dejó sin efecto la apertura de los Registros Seccionales indicados en el Anexo III de la resolución (se puede ver a continuación), que fueran oportunamente creados mediante las Resoluciones ex M.J. y D.H. Nros. 635 del 10 de agosto de 2017 y 450 del 27 de junio de 2019.
Cuánto costaría patentar o transferir un auto si se eliminan los registros del automotor
“Como mucho, 20 mil pesos”. Ese sería el costo de patentar o transferir un auto si se eliminan los registros del automotor, según Patricia Vázquez, diputada nacional por el PRO. Ella fue, justamente, quien presentó uno de los proyectos para sacar a dichas entidades del medio en una operación de compra-venta de un vehículo.
A través de un video publicado en X, la red social antes conocida como Twitter, Vázquez aseguró: “Con esta ley, yo te estoy ofreciendo un registro único, en el cual vas a tener un trámite en cinco minutos, totalmente digital, y como mucho vas a pagar 20 mil pesos”.
La representante de Juntos por el Cambio elaboró un proyecto de ley con cuatro puntos que sintetizan su propuesta.
Registro Único Nacional: se establece la formación de un único registro que evite complemente la existencia de los Registros Automotores. Según datos oficiales, hay 1.554 Registros Seccionales distribuidos en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brindaron atención a la ciudadanía en general, y particularmente a los titulares registrales de automotores (motos, camiones, colectivos, maquinarias agrícolas, etc).
Un único arancel: En este caso, se establece que el ciudadano abone un pago único por el trámite que realiza, sin necesidad de que esté relacionado al valor del automotor. Hoy, cada trámite, ya sea de patentamiento o transferencia, tiene que ver con el valor del vehículo, y eso modifica la cifra que se tiene que abonar. También varía so se trata de un auto nacional o importado.
Patente única de por vida: como en muchos países del mundo, Vázquez busca que la patente no corresponde al auto, si no a la persona. “Tu patente, tu DNI”, es el proyecto de la diputada. De esta manera, se simplificaría la titularidad del vehículo.
Plataforma única: en este sentido, se pide que en una sola plataforma se consigne la información de transferencias e historial de vehículos. Denuncias, deudas, embargos, multas, deben tener acceso por un mismo portal. Hoy, pertenecen a cada jurisdicción.
... from_embed
... from_embed
El Gobierno avanza en su plan de digitalización total de los trámites.
12 de julio 2024, 12:15hs
El Gobierno de la Nación suprimió más de 130 registros automotores de distintas provincias del país. Lo hizo a través del Ministerio de Justicia, en una Resolución (209/2024) publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.
https://tn.com.ar/autos/novedades/2024/ ... tomotores/
En mayo, las autoridades habían anticipado que cerrarían cerca del 40 por ciento de los registros automotores, a fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, luego de una auditoría realizada por la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
En aquel entonces, el Ministerio de Justicia informó que habría una reducción del 30 por ciento del personal del Registro Automotor y cambios importantes para conductores, como la eliminación de la cédula azul (que ya entró en vigencia).
En una segunda instancia, de acuerdo a lo anticipado oficialmente, “se revisará el contrato general de administración de los Registros Automotor, se acelerará la digitalización y transformación del proceso, y se bajarán fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.
Qué cambia para comprar y vender autos
Por el momento, la operatoria para comprar y vender autos en la Argentina sigue sin modificaciones, ya que la actividad de los registros que cerraron se distribuyeron entre otros registros. Es decir, en vez de dirigirse a una dependencia para realizar un trámite, quienes tenían registrado un auto en alguno de los registros suprimidos deberán ir a otra.
Quiénes se harán cargo de sus tareas
La Resolución 209/2024 aclara que “la competencia y las tareas de los Registros Seccionales suprimidos por aplicación del artículo 1° serán asumidas por los Registros Seccionales que constan en el Anexo II”, que se puede ver a continuación.
Un freno a la apertura de nuevos registros
Al mismo tiempo, el Gobierno dejó sin efecto la apertura de los Registros Seccionales indicados en el Anexo III de la resolución (se puede ver a continuación), que fueran oportunamente creados mediante las Resoluciones ex M.J. y D.H. Nros. 635 del 10 de agosto de 2017 y 450 del 27 de junio de 2019.
Cuánto costaría patentar o transferir un auto si se eliminan los registros del automotor
“Como mucho, 20 mil pesos”. Ese sería el costo de patentar o transferir un auto si se eliminan los registros del automotor, según Patricia Vázquez, diputada nacional por el PRO. Ella fue, justamente, quien presentó uno de los proyectos para sacar a dichas entidades del medio en una operación de compra-venta de un vehículo.
A través de un video publicado en X, la red social antes conocida como Twitter, Vázquez aseguró: “Con esta ley, yo te estoy ofreciendo un registro único, en el cual vas a tener un trámite en cinco minutos, totalmente digital, y como mucho vas a pagar 20 mil pesos”.
La representante de Juntos por el Cambio elaboró un proyecto de ley con cuatro puntos que sintetizan su propuesta.
Registro Único Nacional: se establece la formación de un único registro que evite complemente la existencia de los Registros Automotores. Según datos oficiales, hay 1.554 Registros Seccionales distribuidos en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brindaron atención a la ciudadanía en general, y particularmente a los titulares registrales de automotores (motos, camiones, colectivos, maquinarias agrícolas, etc).
Un único arancel: En este caso, se establece que el ciudadano abone un pago único por el trámite que realiza, sin necesidad de que esté relacionado al valor del automotor. Hoy, cada trámite, ya sea de patentamiento o transferencia, tiene que ver con el valor del vehículo, y eso modifica la cifra que se tiene que abonar. También varía so se trata de un auto nacional o importado.
Patente única de por vida: como en muchos países del mundo, Vázquez busca que la patente no corresponde al auto, si no a la persona. “Tu patente, tu DNI”, es el proyecto de la diputada. De esta manera, se simplificaría la titularidad del vehículo.
Plataforma única: en este sentido, se pide que en una sola plataforma se consigne la información de transferencias e historial de vehículos. Denuncias, deudas, embargos, multas, deben tener acceso por un mismo portal. Hoy, pertenecen a cada jurisdicción.
... from_embed
... from_embed
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
https://www.lanacion.com.ar/autos/ya-no ... d04072024/
Cédula azul: ¿se puede tirar? y cómo autorizo a una persona a manejar mi auto
Según consta en la resolución publicada por el Ministerio de Justicia, será posible hacer el trámite de forma digital sin la necesidad de imprimir nuevos plásticos; cómo funciona el procedimiento
través de la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial en julio, el Gobierno reglamentó la derogación de la cédula azul para la conducción de cualquier vehículo en la Argentina.
Desde que entró en vigencia la nueva normativa, se definió que solo hay que presentar la cédula verde en su versión física o digital para poder circular. Asimismo, el documento no tendrá vencimiento hasta tanto la titularidad del vehículo no se vea alterada. A partir de ahora, únicamente será necesario presentar la cédula verde, ya sea en versión física o digital. Asimismo, el documento no tendrá vencimiento hasta tanto no cambie la titularidad del vehículo.
En ese sentido, la resolución también explica cómo autorizar a un tercero a manejar un vehículo que no es de su propiedad. En esa línea, será posible asignar una cédula verde al perfil digital de Mi Argentina de cada ciudadano autorizado. De esa manera, quien corresponda podrá exhibir el documento habilitante desde su propio usuario digital sin la necesidad de contar con el original o un duplicado en formato físico.Para ello, tal como consta en el Artículo 5° de la disposición publicada, “el titular registral podrá solicitar que su propia cédula sea visualizada en el perfil digital de uno o más terceros determinados”. Eso lo podrá hacer cualquier persona humana o jurídica siguiendo los pasos destacados a continuación:
Ingresar en el Sistema Integral de Trámites Electrónicos.
Validarse en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal.
Seleccionar un dominio sobre el cual es titular.
Identificar al tercero mediante su nombre y apellido y CUIT, CUIL o CDI.
Una vez completado ese procedimiento, el autorizado verá desde la aplicación a la cédula verde del vehículo en cuestión en el apartado “Mis vehículos”. En caso de querer desafectar la cédula de algún autorizado, hay que seguir el mismo procedimiento.Este cambio ya está vigente. No obstante, para aquellas personas que tengan una cédula azul emitida con anterioridad, seguirá siendo válida hasta que el solicitante las revoque.
Cédula azul: ¿se puede tirar? y cómo autorizo a una persona a manejar mi auto
Según consta en la resolución publicada por el Ministerio de Justicia, será posible hacer el trámite de forma digital sin la necesidad de imprimir nuevos plásticos; cómo funciona el procedimiento
través de la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial en julio, el Gobierno reglamentó la derogación de la cédula azul para la conducción de cualquier vehículo en la Argentina.
Desde que entró en vigencia la nueva normativa, se definió que solo hay que presentar la cédula verde en su versión física o digital para poder circular. Asimismo, el documento no tendrá vencimiento hasta tanto la titularidad del vehículo no se vea alterada. A partir de ahora, únicamente será necesario presentar la cédula verde, ya sea en versión física o digital. Asimismo, el documento no tendrá vencimiento hasta tanto no cambie la titularidad del vehículo.
En ese sentido, la resolución también explica cómo autorizar a un tercero a manejar un vehículo que no es de su propiedad. En esa línea, será posible asignar una cédula verde al perfil digital de Mi Argentina de cada ciudadano autorizado. De esa manera, quien corresponda podrá exhibir el documento habilitante desde su propio usuario digital sin la necesidad de contar con el original o un duplicado en formato físico.Para ello, tal como consta en el Artículo 5° de la disposición publicada, “el titular registral podrá solicitar que su propia cédula sea visualizada en el perfil digital de uno o más terceros determinados”. Eso lo podrá hacer cualquier persona humana o jurídica siguiendo los pasos destacados a continuación:
Ingresar en el Sistema Integral de Trámites Electrónicos.
Validarse en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal.
Seleccionar un dominio sobre el cual es titular.
Identificar al tercero mediante su nombre y apellido y CUIT, CUIL o CDI.
Una vez completado ese procedimiento, el autorizado verá desde la aplicación a la cédula verde del vehículo en cuestión en el apartado “Mis vehículos”. En caso de querer desafectar la cédula de algún autorizado, hay que seguir el mismo procedimiento.Este cambio ya está vigente. No obstante, para aquellas personas que tengan una cédula azul emitida con anterioridad, seguirá siendo válida hasta que el solicitante las revoque.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
https://www.lanacion.com.ar/autos/que-d ... d19072024/
Qué documentos de tu auto puede reclamarte un control policial de tránsito
El documento que autorizaba a terceros a manejar un vehículo ya no existe, por lo que los requisitos necesarios para transitar las calles argentinas cambiaron; cuáles son
En ese sentido, al regir la eliminación de este documento, se modificaron los requisitos necesarios para circular. Ahora, explica la resolución, la cédula verde podrá solicitarla únicamente el titular registral (el dueño del vehículo) y hacer el pedido para que “su propia cédula digital sea visualizada en el perfil digital del ciudadano de la aplicación ‘Mi Argentina’ de uno o más terceros determinados” para su correspondiente autorización a usar la unidad en cuestión.Otra novedad que simplifica los trámites y se suscita de esta resolución es que las cédulas de identificación del automotor no caducarán hasta tanto no haya cambios en la titularidad del vehículo. Eso aplica también a los duplicados de la documentación, los cuales pueden ser solicitados de manera íntegramente digital.En tanto, toda la documentación emitida previo a la nueva reglamentación seguirá en plena vigencia hasta que el solicitante las revoque. Es decir, cédulas azules y verdes existentes bajo la regulación anterior, siguen siendo válidas para circular.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) rectificó que los siguientes documentos son obligatorios para circular de ahora en más:
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Licencia Nacional de Conducir.
Cédula verde (o Cédula azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula verde).
Comprobante de seguro vigente.
Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.
Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.
La eliminación de la cédula azul responde a una serie de medidas que el Ministerio de Justicia de la Nación lleva adelante en relación al funcionamiento de los Registros del Automotor y trámites vinculados.
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona comenzó con el cierre de oficinas registrales, cuyo fin último es reducir un 40% del total, así como la digitalización de “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”. Además, está en la mira el funcionamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), ente cooperador del ministerio.
Qué documentos de tu auto puede reclamarte un control policial de tránsito
El documento que autorizaba a terceros a manejar un vehículo ya no existe, por lo que los requisitos necesarios para transitar las calles argentinas cambiaron; cuáles son
En ese sentido, al regir la eliminación de este documento, se modificaron los requisitos necesarios para circular. Ahora, explica la resolución, la cédula verde podrá solicitarla únicamente el titular registral (el dueño del vehículo) y hacer el pedido para que “su propia cédula digital sea visualizada en el perfil digital del ciudadano de la aplicación ‘Mi Argentina’ de uno o más terceros determinados” para su correspondiente autorización a usar la unidad en cuestión.Otra novedad que simplifica los trámites y se suscita de esta resolución es que las cédulas de identificación del automotor no caducarán hasta tanto no haya cambios en la titularidad del vehículo. Eso aplica también a los duplicados de la documentación, los cuales pueden ser solicitados de manera íntegramente digital.En tanto, toda la documentación emitida previo a la nueva reglamentación seguirá en plena vigencia hasta que el solicitante las revoque. Es decir, cédulas azules y verdes existentes bajo la regulación anterior, siguen siendo válidas para circular.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) rectificó que los siguientes documentos son obligatorios para circular de ahora en más:
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Licencia Nacional de Conducir.
Cédula verde (o Cédula azul vigente y autorizada por el titular en caso de no contar con la Cédula verde).
Comprobante de seguro vigente.
Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.
Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.
La eliminación de la cédula azul responde a una serie de medidas que el Ministerio de Justicia de la Nación lleva adelante en relación al funcionamiento de los Registros del Automotor y trámites vinculados.
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona comenzó con el cierre de oficinas registrales, cuyo fin último es reducir un 40% del total, así como la digitalización de “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”. Además, está en la mira el funcionamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), ente cooperador del ministerio.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Las patentes, cédulas y formularios del Registro Automotor serán gratuitos
El costo de transferencia bajará a sólo el 1%. Lo anunció hoy el Ministerio de Justicia. La medida oficial.
https://ar.motor1.com/news/731927/regis ... -gobierno/
El Ministerio de Justicia de la Argentina anunció hoy el "desarmado de la burocracia" de los Registros del Automotor. Se ordenó la digitalización de todos los trámites, se redujo el costo de la transferencia a sólo el 1% del valor del vehículo y se estableció que serán gratuitos los trámites de emisión de cédulas, patentes y otros documentos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que estas medidas apuntan a "desarmar los negocios espurios" de estos registros que durante décadas operaron como "cajas de la política", con la participación de funcionarios y también entidades privadas, como la asociación de concesionarios Acara (leer historia). https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
Las medidas más importantes son las siguientes.
* Ganancias: Se estableció un tope del dinero que podrán ganar los registros del automotor.
* Libertad de elección: El usuario ya no estará obligado a utilizar el Registro Automotor del distrito de su domicilio. Podrá elegir hacer el trámite en la dependencia que prefiera.
* Transferencias: El costo de transferir un vehículo bajará al 1% del valor del vehículo. Hasta ahora era del 1.5% para autos nacionales y 2% para importados (ya sea Mercosur o extrazona). Esta es una medida nacional. No se modifican los costos provinciales, que pueden representar hasta el 5% del valor del vehículo.
* Trámites gratuitos: La emisión de cédulas, chapas patentes, títulos de propiedad y certificación de firmas serán sin costo.
* Digitalización: Se digitalizarán todos los trámites, eliminando la necesidad de trasladar carpetas de papel por correo, de una dependencia a otra.
* Lo que sigue: Libarona afirmó que estos cambios forman parte de "otros muchos que se tomarán para terminr con el anticuado y corrupto sistema de Registros del Automotor".
* Ahorro: Con estas medidas se calcula que los consumidores ahorrarán 36 mil millones de pesos al año. El ahorro de costos para el Estado está estimado en 1.300 millones de pesos al año.
ACTUALIZACIÓN - Repercusiones
* Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado): "Mantenemos como punto de llegada que transferir un vehículo sea tan sencillo como transferir dinero, desde tu celular y a un costo módico. Hasta ahora transferir un vehículo podía costar un 5,1% del precio, correspondiendo el 2,1% al arancel por el trámite y diversos formularios y, típicamente, 3% (dependiendo de la provincia) de impuesto provincial a los sellos. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso que el arancel por trámite y formularios sea, en total, del 1%. Además, se anunciaron dos innovaciones importantes: jurisdicción única nacional y Legajo Digital Único (LDU). De ahora en más los trámites de transferencia podrán hacerse en cualquier Registro Seccional (los habitualmente llamados "registros automotores"). ¡Bienvenidos los registros al mundo de la competencia! Los registros más eficientes serán los más buscados. Como decíamos, este es un paso en el camino que nos propone el presidente Javier Milei".
El comunicado completo del Ministerio de Justicia se publica acá abajo.
El costo de transferencia bajará a sólo el 1%. Lo anunció hoy el Ministerio de Justicia. La medida oficial.
https://ar.motor1.com/news/731927/regis ... -gobierno/
El Ministerio de Justicia de la Argentina anunció hoy el "desarmado de la burocracia" de los Registros del Automotor. Se ordenó la digitalización de todos los trámites, se redujo el costo de la transferencia a sólo el 1% del valor del vehículo y se estableció que serán gratuitos los trámites de emisión de cédulas, patentes y otros documentos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que estas medidas apuntan a "desarmar los negocios espurios" de estos registros que durante décadas operaron como "cajas de la política", con la participación de funcionarios y también entidades privadas, como la asociación de concesionarios Acara (leer historia). https://ar.motor1.com/news/721217/opini ... dano-seul/
Las medidas más importantes son las siguientes.
* Ganancias: Se estableció un tope del dinero que podrán ganar los registros del automotor.
* Libertad de elección: El usuario ya no estará obligado a utilizar el Registro Automotor del distrito de su domicilio. Podrá elegir hacer el trámite en la dependencia que prefiera.
* Transferencias: El costo de transferir un vehículo bajará al 1% del valor del vehículo. Hasta ahora era del 1.5% para autos nacionales y 2% para importados (ya sea Mercosur o extrazona). Esta es una medida nacional. No se modifican los costos provinciales, que pueden representar hasta el 5% del valor del vehículo.
* Trámites gratuitos: La emisión de cédulas, chapas patentes, títulos de propiedad y certificación de firmas serán sin costo.
* Digitalización: Se digitalizarán todos los trámites, eliminando la necesidad de trasladar carpetas de papel por correo, de una dependencia a otra.
* Lo que sigue: Libarona afirmó que estos cambios forman parte de "otros muchos que se tomarán para terminr con el anticuado y corrupto sistema de Registros del Automotor".
* Ahorro: Con estas medidas se calcula que los consumidores ahorrarán 36 mil millones de pesos al año. El ahorro de costos para el Estado está estimado en 1.300 millones de pesos al año.
ACTUALIZACIÓN - Repercusiones
* Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado): "Mantenemos como punto de llegada que transferir un vehículo sea tan sencillo como transferir dinero, desde tu celular y a un costo módico. Hasta ahora transferir un vehículo podía costar un 5,1% del precio, correspondiendo el 2,1% al arancel por el trámite y diversos formularios y, típicamente, 3% (dependiendo de la provincia) de impuesto provincial a los sellos. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso que el arancel por trámite y formularios sea, en total, del 1%. Además, se anunciaron dos innovaciones importantes: jurisdicción única nacional y Legajo Digital Único (LDU). De ahora en más los trámites de transferencia podrán hacerse en cualquier Registro Seccional (los habitualmente llamados "registros automotores"). ¡Bienvenidos los registros al mundo de la competencia! Los registros más eficientes serán los más buscados. Como decíamos, este es un paso en el camino que nos propone el presidente Javier Milei".
El comunicado completo del Ministerio de Justicia se publica acá abajo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
alejandromp71
- Torino 380 WTC
- Mensajes: 9645
- Registrado: 22 Nov 2014, 06:30
- Ubicación: - huerta grande. cordoba- argentina-
- Contactar:
Re: El Gobierno argentino intervendrá 141 registros del automotor
Cuánto costará transferir un auto y cómo será la operatoria luego de los cambios anunciados por el Gobierno
Habrá trámite digital y libre elección de registros a nivel nacional, punto en el que tendrán que ver los impuestos provinciales; cómo se transfiere un vehículo tras los anuncios del Ministerio de Justicia
https://www.lanacion.com.ar/autos/cuant ... d30082024/
Tal y como había anticipado LA NACION, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, anunció el viernes 30 la reducción de aranceles para la compra y venta de automóviles. A través de un comunicado, estableció la “libre elección de Registros para los usuarios, la creación de un Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias”.
De ahora en más, el costo de la transferencia de vehículos será del 1% en relación al valor del bien y no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Según estimaciones del ministerio, estos cambios representan “un ahorro mensual adicional de $1300 millones para la Administración Pública” y que “regresen al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones por año”.
Acorde a la resolución a la que tuvo acceso este medio, también se seguirá avanzando con la eliminación del 40% de los Registros, continuando con aquellos “intervenidos por agentes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y todos los Registros Seccionales cuyo funcionario a cargo haya presentado la renuncia, en la medida que dicha renuncia sea aceptada”.Todas estas medidas siguen la línea del decreto de desregulación económica emitido por el Gobierno en diciembre último, donde se había establecido que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse de manera digital y simplificada, sin tener que concurrir personalmente al registro automotor en el que está radicado el auto.
En ese decreto, se le otorgó tiempo a la DNRPA para implementar el “sistema remoto, abierto, accesible y estandarizado” hasta el 2 de mayo último.
Cómo cambian las transferencias de vehículos con estas medidas
Ahora bien, con esta nueva resolución, el sistema de transferencias de autos y cualquier tipo de vehículo cambia significativamente. Hasta este momento, el arancel de transferencias era del 1,5% para autos de fabricación nacional y del 2% para importados. A ese monto hay que sumarle los costos de los certificados, formularios, informes de dominio y certificación de firmas
En total, contemplando también los impuestos provinciales de sellos, la mera transferencia de una unidad podía implicar un gasto de $250.000 para el usuario, por ejemplo, en el caso de un Volkswagen Gol Trend (el usado más vendido todos los meses) modelo 2012 con una valuación de $6 millones, según la lista de precios de la Cámara de Comercio Automotor.
En el caso de un auto mucho más nuevo, por ejemplo un Toyota Corolla de 2023, el costo total de una transferencia ronda los $965.000.
Lo primero que se modifica con la resolución del Ministerio de Justicia es el porcentaje arancelario, el cual está fijado en un 1% y no discrimina en si la unidad es importada o nacional. El segundo punto que cambia es el pago de documentación, la cual de ahora en más es gratuita. A su vez, cada persona podrá elegir en qué registro hacer el trámite; punto que aparece como gran novedad, dado que hasta ahora cada vehículo tenía una radicación fija.Es ahí donde aparecen las principales novedades. Cuando el Gobierno publicó el mencionado decreto en diciembre, instó a las provincias a disminuir los impuestos y tasas provinciales de sellos, los cuales, hasta la fecha, no sufrieron modificaciones. Se presume que al poder elegir un registro para hacer el trámite, se podría optar por aquellos que tengan ese tributo más bajo.Por ejemplo, según el estimador de costos de la DNRPA (que todavía no fue actualizado acorde a la norma nueva comunicada), transferir un usado en la Ciudad de Buenos Aires así como en la provincia de Buenos Aires implica abonar sólo en concepto de impuestos $180.000 (siguiendo con el ejemplo de un Volkswagen Gol Trend de más de 10 años). Sin embargo, hacerlo en Tierra del Fuego implica $60.000; en Neuquén, $84.000 y en Mendoza, $90.000, para tomar distintas referencias.Por último, todos estos trámites podrán hacerse de manera digital y sin asistir presencialmente a ninguna oficina registral. .
“La firma digital permite que uno firme cualquier documento [....] La semana pasada agilizamos ese proceso, que no se podía hacer desde la casa y ahora sí. Eso fue un paso previo, para que un cambio registral de un auto se pueda hacer desde la casa, o la compraventa de un auto. Los trámites se podrán hacer por la computadora desde tu casa”, comentó en aquel entonces.
“Se podrá hacer en cualquier registro. Antes había que ir a uno solo, ahora habrá competencia entre registros. Es una manera de abaratarle costos a la gente”, había señalado.
Habrá trámite digital y libre elección de registros a nivel nacional, punto en el que tendrán que ver los impuestos provinciales; cómo se transfiere un vehículo tras los anuncios del Ministerio de Justicia
https://www.lanacion.com.ar/autos/cuant ... d30082024/
Tal y como había anticipado LA NACION, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, anunció el viernes 30 la reducción de aranceles para la compra y venta de automóviles. A través de un comunicado, estableció la “libre elección de Registros para los usuarios, la creación de un Legajo Digital Único y el establecimiento de un tope para las ganancias”.
De ahora en más, el costo de la transferencia de vehículos será del 1% en relación al valor del bien y no se cobrará la emisión de cédulas de identificación automotor, títulos, chapas, patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Según estimaciones del ministerio, estos cambios representan “un ahorro mensual adicional de $1300 millones para la Administración Pública” y que “regresen al bolsillo de los argentinos más de $36.000 millones por año”.
Acorde a la resolución a la que tuvo acceso este medio, también se seguirá avanzando con la eliminación del 40% de los Registros, continuando con aquellos “intervenidos por agentes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y todos los Registros Seccionales cuyo funcionario a cargo haya presentado la renuncia, en la medida que dicha renuncia sea aceptada”.Todas estas medidas siguen la línea del decreto de desregulación económica emitido por el Gobierno en diciembre último, donde se había establecido que los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo puedan hacerse de manera digital y simplificada, sin tener que concurrir personalmente al registro automotor en el que está radicado el auto.
En ese decreto, se le otorgó tiempo a la DNRPA para implementar el “sistema remoto, abierto, accesible y estandarizado” hasta el 2 de mayo último.
Cómo cambian las transferencias de vehículos con estas medidas
Ahora bien, con esta nueva resolución, el sistema de transferencias de autos y cualquier tipo de vehículo cambia significativamente. Hasta este momento, el arancel de transferencias era del 1,5% para autos de fabricación nacional y del 2% para importados. A ese monto hay que sumarle los costos de los certificados, formularios, informes de dominio y certificación de firmas
En total, contemplando también los impuestos provinciales de sellos, la mera transferencia de una unidad podía implicar un gasto de $250.000 para el usuario, por ejemplo, en el caso de un Volkswagen Gol Trend (el usado más vendido todos los meses) modelo 2012 con una valuación de $6 millones, según la lista de precios de la Cámara de Comercio Automotor.
En el caso de un auto mucho más nuevo, por ejemplo un Toyota Corolla de 2023, el costo total de una transferencia ronda los $965.000.
Lo primero que se modifica con la resolución del Ministerio de Justicia es el porcentaje arancelario, el cual está fijado en un 1% y no discrimina en si la unidad es importada o nacional. El segundo punto que cambia es el pago de documentación, la cual de ahora en más es gratuita. A su vez, cada persona podrá elegir en qué registro hacer el trámite; punto que aparece como gran novedad, dado que hasta ahora cada vehículo tenía una radicación fija.Es ahí donde aparecen las principales novedades. Cuando el Gobierno publicó el mencionado decreto en diciembre, instó a las provincias a disminuir los impuestos y tasas provinciales de sellos, los cuales, hasta la fecha, no sufrieron modificaciones. Se presume que al poder elegir un registro para hacer el trámite, se podría optar por aquellos que tengan ese tributo más bajo.Por ejemplo, según el estimador de costos de la DNRPA (que todavía no fue actualizado acorde a la norma nueva comunicada), transferir un usado en la Ciudad de Buenos Aires así como en la provincia de Buenos Aires implica abonar sólo en concepto de impuestos $180.000 (siguiendo con el ejemplo de un Volkswagen Gol Trend de más de 10 años). Sin embargo, hacerlo en Tierra del Fuego implica $60.000; en Neuquén, $84.000 y en Mendoza, $90.000, para tomar distintas referencias.Por último, todos estos trámites podrán hacerse de manera digital y sin asistir presencialmente a ninguna oficina registral. .
“La firma digital permite que uno firme cualquier documento [....] La semana pasada agilizamos ese proceso, que no se podía hacer desde la casa y ahora sí. Eso fue un paso previo, para que un cambio registral de un auto se pueda hacer desde la casa, o la compraventa de un auto. Los trámites se podrán hacer por la computadora desde tu casa”, comentó en aquel entonces.
“Se podrá hacer en cualquier registro. Antes había que ir a uno solo, ahora habrá competencia entre registros. Es una manera de abaratarle costos a la gente”, había señalado.